Hace casi un año entró en vigor la ley de rehabilitación y regeneración urbanas de Galicia con la que, entre otros fines, la Xunta rebaja su control, abre la mano al uso de materiales en las intervenciones para reformar los edificios en los cascos históricos de los núcleos urbanos, elimina el informe preceptivo de Patrimonio en numerosas intervenciones y permite realizar las obras con solo la licencia directa de los concellos. Sin embargo, no todo va a poder ser así. La razón es que el Gobierno central amenazó con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, ante lo cual la Xunta no ha tenido más remedio que llegar a un acuerdo con el Estado para desactivar el conflicto por el que se compromete a elaborar una «reglamentación restrictiva» de las reformas que se pueden hacer en la carpintería exterior, la fachada o el tejado, que además deben ser intervenciones «mínimas».
